Área encargada de asesorar legalmente a la administración pública y de dar seguimiento a los asuntos jurídicos que se derivan de su funcionamiento. Su labor incluye la revisión de contratos, convenios y reglamentos, así como la representación del Ayuntamiento en procedimientos legales, siempre con el objetivo de garantizar el respeto a la normatividad vigente y la defensa de los intereses municipales y de la ciudadanía.